Jamaica ha llevado este lunes ante el rey Carlos III una petición para que tres cuestiones jurídicas relacionadas con la esclavitud sean remitidas al Comité Judicial del Privy Council, el máximo tribunal para Jamaica dentro de la arquitectura constitucional que el país mantiene con la Corona.
La delegación, encabezada por la ministra jamaicana de Cultura, Olivia Grange, solicita la intervención de Carlos III específicamente en su condición de jefe del Estado de Jamaica. El procedimiento busca que el Privy Council examine si la captura, transporte y esclavización de africanos fue legal conforme al derecho inglés; si vulneró el derecho internacional; y si existe una obligación jurídica del Reino Unido de proporcionar una reparación a Jamaica.
El Gobierno jamaicano ha subrayado que la petición no constituye por sí misma una reclamación de pago. Se trata de una iniciativa jurídica concebida para obtener un pronunciamiento sobre cuestiones que el Ejecutivo considera fundamentales dentro de su política de reparaciones por la esclavitud.
La posición de Carlos III en el procedimiento resulta especialmente significativa desde el punto de vista constitucional. El Rey no interviene como soberano británico ajeno al sistema jamaicano, sino como jefe del Estado de Jamaica, uno de los reinos de la Commonwealth que comparten monarca con el Reino Unido manteniendo gobiernos y estructuras constitucionales propios.
Como sucede en las monarquías constitucionales de la Commonwealth, el ejercicio de las funciones del soberano está sujeto al correspondiente marco constitucional y al asesoramiento gubernamental. El caso muestra así una de las particularidades menos conocidas de la Corona compartida entre distintos Estados.
La iniciativa se produce, además, mientras Jamaica mantiene abierto un debate político sobre la sustitución de la monarquía por una república, lo que añade una dimensión institucional al procedimiento más allá del propio debate histórico sobre las reparaciones.