Kuala Lumpur, 8 de noviembre de 2026. El rey de Malasia, sultán Ibrahim, ha reclamado públicamente la ejecución del indulto condicional concedido al antiguo primer ministro Najib Razak, después de que la Fiscalía General aplazara temporalmente su traslado a arresto domiciliario por la necesidad de aclarar diversos efectos jurídicos. El pronunciamiento del monarca se produjo el sábado 7 de noviembre, tras el pago de una multa de 50 millones de ringgits que figuraba entre las condiciones de la gracia.
Una decisión real de septiembre
La orden de indulto condicional fue adoptada el 18 de septiembre de 2026, en el marco de la Junta de Perdones de los Territorios Federales y con fundamento en el artículo 42 de la Constitución de Malasia. Permitía a Najib cumplir bajo arresto domiciliario la parte restante de su pena correspondiente al caso SRC International hasta el 23 de agosto de 2028, siempre que abonara la multa y respetara las demás condiciones.
El 6 de noviembre, representantes del antiguo jefe del Gobierno completaron el pago ante el tribunal competente. Ese mismo día, la Fiscalía comunicó que no procedería a ejecutar de inmediato el cambio de régimen penitenciario, a la espera de una interpretación jurídica definitiva de la orden de gracia y de una resolución judicial dictada tras el abono de la sanción económica.
El rey invoca la prerrogativa constitucional de gracia
En una declaración difundida por el Palacio Nacional y recogida por la agencia estatal Bernama, Ibrahim afirmó que las decisiones adoptadas dentro de su prerrogativa constitucional de gracia deben ser respetadas y aplicadas de acuerdo con la monarquía constitucional y el Estado de derecho. El soberano consideró que la orden era expresa y que el cumplimiento de sus condiciones no debía quedar sometido a incertidumbre prolongada.
El comunicado real sostiene que la orden concierne al procedimiento SRC International y no altera por sí sola los demás asuntos penales de Najib. El pronunciamiento no debe interpretarse como una anulación de decisiones judiciales ni como una excarcelación ya ejecutada.
La objeción de la Fiscalía: dos procedimientos penales
La Fiscalía General afirma que no pretende cuestionar ni revocar el indulto. Su posición es que deben esclarecerse las consecuencias de la resolución judicial del 6 de noviembre y la relación entre la pena del caso SRC International y otra condena vinculada a 1Malaysia Development Berhad, conocida como 1MDB.
Entre las cuestiones planteadas figura si el pago de la multa activa únicamente el cumplimiento domiciliario del tiempo restante de prisión o puede producir efectos adicionales sobre la consideración de la condena del caso SRC. Esa interpretación repercute en la fecha de inicio de la pena impuesta en el otro procedimiento. Mientras se resuelve, las autoridades mantienen a Najib en su establecimiento penitenciario.
Intervención del primer ministro
El primer ministro, Anwar Ibrahim, ha dispuesto que el fiscal general solicite audiencia con el rey para explicarle la situación y las dificultades jurídicas pendientes. Según la oficina gubernamental, el fiscal general se ha mostrado dispuesto a comparecer y a explicar los efectos de las resoluciones judiciales.
La cuestión pone de relieve la interacción entre prerrogativa real, ejecución administrativa y control judicial en la federación malasia, cuyo jefe del Estado es elegido periódicamente entre los soberanos hereditarios de varios de sus Estados.
EL SOLIO ya informó en septiembre de la concesión del indulto. La novedad de ahora es la controversia sobre su ejecución, el pronunciamiento público del rey y la solicitud de audiencia formulada por el fiscal general. No consta todavía que se haya efectuado el traslado domiciliario.
Fuentes: Bernama, declaración del rey sobre la orden de indulto, 7 de noviembre; Bernama, posición de la Fiscalía General, 6 de noviembre; Bernama, solicitud de audiencia del fiscal general, 7 de noviembre.
Imagen destacada: sultán Ibrahim, Yang di-Pertuan Agong de Malasia. Wikimedia Commons, CC0 / dominio público. Fotografía de archivo; no corresponde a las declaraciones del 7 de noviembre.